El subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Luciano Olivares, se refirió a la situación que se suscitó luego de que el juez Civil y Comercial Civil N° 21 de Resistencia, ordenara una medida cautelar a la Subsecretaria de Recursos Naturales para suspender permisos de desmontes otorgados.

“Se dio cumplimiento a la medida judicial, pero se remarcó que los permisos respetaron el proceso legal”, dijo. El funcionario detalló que la decisión judicial resultó de una solicitud que realizara el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, al juez, para que se suspendan los permisos de desmontes otorgados en zona amarilla del ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), aunque aclaró que “no existieron permisos otorgados en zona amarilla”.

“Por la legislación provincial y nacional, se encuentra previsto un mecanismo para que los particulares soliciten al Estado un proceso de “revisión” técnica de los predios y se analice la categoría de conservación del ordenamiento territorial en la que se encuentran. Para ese proceso, se exige estudios de suelos, de bosques y un estudio de impacto ambiental, que es evaluado por el estado. Además, se requiere de un proceso de participación ciudadana previo a su aprobación, por medio de convocatorias de consultas o audiencias públicas, en todos los casos, sin excepción. A partir de allí, se autorizan los permisos de cambio de uso de suelo”, puntualizó el funcionario. Asimismo, remarcó: “El Defensor del Pueblo omitió esta información, desconociendo elementos importantes para que el juez evalúe como corresponde la medida judicial”.

Cumplimiento de la sentencia

El funcionario precisó que el viernes 7 de junio se remitió al Juzgado toda la documentación que acredita el cumplimiento de la cautelar, entre ellas, la notificación de la medida a los titulares de los permisos, las notificaciones y actas de visita de los predios, imágenes satelitales, y se acompañó la información que demuestra que estos permisos respetaron el proceso legal (estudio de impacto ambiental y consulta pública). En esa línea, informó que se solicitó al Juez que aclare los alcances de la Medida Cautelar, si la sentencia de suspensión se refiere sólo a los desmotes, o también alcanza a las actividades de aprovechamiento. “Esto se debe a que fue un tema desconocido por el Defensor del Pueblo en su pedido, y no se encuentra claro en la sentencia. La actividad forestal se trata del aprovechamiento de la madera, que sucede cuando el productor retira la madera del suelo ya cortada y la transporta hacia las industrias chaqueñas, como lo son los aserraderos, carpinterías, mueblerías, tanineras, o carbonerías”, dijo.

Control sobre los bosques nativos

“Desde hace un tiempo que el Gobierno de la Provincia del Chaco se avoca a mejorar los sistemas de control, y eso es algo que es necesario recordar y destacar”, afirmó Olivares y detalló las herramientas con las que se cuenta actualmente para llevar adelante estos controles: 1) Sistema de Información Geográfico (SIG) aplicado a través de imágenes satelitales, que se comunica íntegramente a todas las áreas de la Dirección de Bosques, y con la Secretaria de Ambiente de Nación, intercambiando permanente todos los datos para un verdadero análisis periódico de los bosques; 2) “Centro de monitoreo de Bosques”, en el que se publican trimestralmente la información referida a los bosques, sobre permisos y aquellos incumplimientos que se registran a la Ley de bosques; 3) El “Registro Provincial de Infractores”, que es de acceso libre por cualquier persona a través de la web, en que se da a conocer quiénes son los responsables de las infracciones de la Ley de Bosques; 4) “Evaluación Ambiental” de los estudios de impacto ambiental de todos los proyectos, y un proceso de participación ciudadana a través de consultas públicas para todos los permisos de desmontes; 5) Una red de “30 delegaciones” en todo el interior provincial para atender los servicios de inspección, auditorias y de denuncias que se registren.

Reclamo de Somos Monte y Greenpeace

“Existen muchos puntos que estamos atendiendo y evaluando”, aclaró el funcionario: “Principalmente, los desmontes autorizados que están reclamando fueron suspendidos por la cautelar, y la estamos cumpliendo”. Así, reiteró la postura de la gestión provincial en este aspecto: “Se coincide con las ONGS que la deforestación ilegal debe estar incluida en el código penal; hoy por hoy solo existen previstas sanciones, multas administrativas, que son las que prevén las leyes para los infractores de la ley de bosques. Para que los delitos forestales sean incluidos como delitos, debe sancionarse una ley nacional que los incluya en el código penal, y de eso la provincia no es responsable, sino los legisladores nacionales. En el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), desde el Gobierno del Chaco se apoyó un proyecto para que estos delitos forestales se incluyan en el Código Penal; y se acompañó la iniciativa de la Secretaria de Ambiente de Nación para estos casos. Es así que es manifiesto nuestro acompañamiento a esta iniciativa”.

Operativos aéreos

El miércoles 5 de junio, el personal de la Policía del Chaco y la Dirección de Bosques, sobrevolaron diferentes terrenos para controlar que la actividad forestal no se esté llevando a cabo. El operativo inició a las 11 con vuelo desde el Aeropuerto Resistencia, en Avión CESSNA U206G, a cargo del Departamento Comando de Operaciones Aéreas de la Policía. En la operación, se sobrevoló hacia zona rural comprendidas por los Departamentos Almirante Brown y General Güemes, con el objeto de observar y monitorear los permisos, en el marco de la Medida Cautela ordenada por el Juzgado Civil y Comercial 21 de Resistencia