Defensores del Pueblo de todo el país se reunieron con el titular de la Inspección General de Justicia y el director Nacional de Defensa del Consumidor para abordar la problemática del aumento de las cuotas. Los Ombudsman de todo el país consideran desproporcionados, los aumentos de las cuotas en vehículos 0 kilómetro.

Los representantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), mantuvieron un encuentro con el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) a quien le entregaron una propuesta elaborada por las defensorías dónde propusieron diferentes maneras de abordar la problemática surgida por los incrementos desproporcionados en las cuotas de los planes de autos 0 kilómetro. La reunión se realizó en la sede de la IGJ ubicada en Paseo Colón 285 de la Capital Federal.

Defensores y profesionales de todas las defensorías del Pueblo del país se reunieron con el Inspector General de Justicia, Sergio Brodsky, y el director Nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, para manifestar la problemática de los ciudadanos, que poseen Planes de Autoahorros y que se presentaron en las defensorías, planteando la imposibilidad afrontar los aumentos de las cuotas.

En dicha ocasión las defensorías presentaron varios puntos como propuestas que se leyeron en la reunión y se entregaron a las autoridades nacionales.

Entre estos puntos se planteó el diferimientos de cuotas, la libre elección de seguros, que la prima del seguro debe ajustarse al valor real del vehículo en mercado, la eliminación de la multa por renuncia, rescisión o resolución contractual, la reducción de cargas administrativas, un tope de aumento del valor móvil de la unidad ahorrada por año establecido por contrato ajustado a un índice de variación como por ejemplo el índice de inflación, y en forma excepcional la disminución de cargas impositivas para que impacten positivamente en la reducción del valor móvil de la unidad.

La presentación, también propone la suspensión de ejecuciones prendarias sobre deudores caídos en mora con posterioridad al mes de agosto de 2018 y hasta tanto la IGJ realice propuestas, la obligación de las administradoras, en caso de cesión de solicitud de adhesión de un plan con suscriptor adjudicado, de permitir el reemplazo del deudor prendario; y la exención de determinados gastos de cobranza extrajudicial y facilitar la posibilidad de la cancelación de saldos de deuda.

Finalmente, se propuso una mesa de trabajo junto a las autoridades nacionales, las automotrices y las defensorías, a la vez que manifestó el pedido de que los apoderados de las automotrices concurran con poder suficiente para hacer propuestas en las audiencias de conciliación en el ámbito de la dirección de Defensoría del Consumidor.